La lucha por la paz

Periódico alternativo De Pana


Cuando a principios de la década de los ochenta -del siglo recién pasado- el fundador y Comandante General del Movimiento 19 de Abril (M-19), Jaime Báteman Cayón, afirmó que quien levantara la bandera de la paz ganaría la confrontación histórica que se desarrolla en Colombia, desató una gran polémica nacional. La izquierda más ortodoxa –por no decir cavernaria- calificó la aseveración como «socialdemócrata» o –al menos- «reformista» y la rancia oligarquía la desestimó por considerar que en el país no se daba un conflicto y que, frente a las «alteraciones del orden público», la paz estaba garantizada por la ley.

A la postre, los acontecimientos históricos han otorgado la razón al carismático líder insurgente ya desaparecido. Todos los factores de poder neogranadinos se esfuerzan por dejar clara ante la opinión pública su vocación pacifista y su talante democrático.

Ello se evidencia en los encuentros -y desencuentros- del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Uribe; en el reciente episodio de la, por ahora, frustrada liberación de políticos retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y hasta en la farsa de la «negociación y desmovilización» de ese mismo gobierno con sus propias bandas paramilitares.

La convicción de Báteman surgía de su propia experiencia combatiente, así como del estudio de las experiencias liberadoras en nuestro continente (fundamentalmente en Bolívar), y se apoyaba en los teóricos clásicos de la guerra y la política, desde el chino Sun Tzú, pasando por Maquiavelo (que de «maquiavélico» –en el sentido peyorativo- no tiene nada) hasta el austriaco Clauzewitz y su conocida frase de «la guerra es la continuación de la política, por otros medios».

Para la sociedad colombiana, fracturada, desgarrada y/o dividida, según el análisis o la posición política de cada quien, inmersa en una compleja situación de violencia social generalizada, de pacificación (por supuesto, impuesta) en algunas regiones, de confrontación político-militar en otras, en el marco de una apertura económica creciente que afecta a l@s más pobres, pero también –¡paradójicamente!- a las capas medias, que son buena parte de la base social del uribismo, bombardeada cotidianamente por las grandes empresas de información y bajo una constante presión-tutela del imperialismo estadounidense, no es claro quién atiza la confrontación y quién plantea alternativas de paz.

Si se tiene en cuenta que Colombia hace años dejó de ser un país rural, que el conflicto social y armado se expresa militarmente, de manera fundamental, en las áreas rurales, y que aún es débil la inserción de la insurgencia actual en las ciudades medias y grandes, se puede comprender por qué para una parte importante de la población, la percepción del conflicto está mediada por un lente estrecho –claramente reaccionario- y la solución política del mismo, en tanto no los afecta directamente, no es prioritaria. Para esa franja, nada despreciable, la propuesta de Uribe de pacificar el país –sin importar los costos y los medios- es atractiva, pero su atención está en la sobrevivencia diaria, en mantener los precarios niveles de «bienestar» y en pagar puntualmente las deudas a los bancos por el apartamento o el carrito.

Al mantenimiento de esa situación contribuye la debilidad comunicativa de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios (legales o ilegales) arropados por la hegemonía absoluta de la oligarquía más rancia, ligada estrechamente al capital internacional en calidad de subordinada, e indudablemente la poca capacidad de la insurgencia de traducir su apreciable fortaleza militar en propuestas políticas fácilmente comprensibles para las mayorías reales del país.

En ese marco se explican la queja permanente de la senadora Piedad Córdoba y las declaraciones de familiares de retenid@s por la insurgencia y de pres@s polític@s en cárceles gubernamentales, sobre la indiferencia e indolencia de la sociedad colombiana.

Preocupante panorama presente y crítico hacia el futuro, si se tiene en cuenta que la situación de l@s prisioner@s de las partes es solo una mínima parte del problema, frente a los demás aspectos que separan a las partes contendientes (miles de desaparecid@s, secuestrad@s, asesinatos de opositor@s, sistema democrático restringido y excluyente, enormes desigualdades sociales, nula o débil presencia estatal más allá de su versión represiva…), que desgarran a la nación y que deberán ser abordados en una hipotética mesa de negociación (sólo cuando la realidad convenza a los bandos enfrentados de que la confrontación no tiene salida militar real).

Para ubicar unos cuantos, hay que pasearse por las calles de las ciudades colombianas llenas de miserables que una vez fueron pequeñ@s propietari@s campesin@s y, tras ser expulsad@s de sus tierras por las bandas paramilitares de la contrarreforma agraria, hoy piden limosna en los semáforos. Esos problemas agudos se reflejan en los ojos de l@s desemplead@s víctimas de las medidas privatizadoras impulsadas por el neoliberalismo salvaje. Problemas que se agravan por el peso colosal que la economía ilegal, ligada al tráfico de narcóticos, tiene en la actividad económica del vecino país y sus consecuencias en el tejido social…

En ese complejo marco, la gestión del presidente Chávez puede calificarse más que de políticamente osada y geopolíticamente acertada -en función de una estrategia de integración subcontinental-, como una titánica acción humanitaria que fue capaz de quebrar el caparazón de indiferencia que separa a la sociedad colombiana de los amplios senderos de lucha y participación para terminar de construir un proyecto viable de país.

Los inmensos retos de Colombia como proyecto de país, se debaten entre cumplir el triste papel de colonia-policía de los Estados Unidos en la región o asumir un rol protagónico en los esfuerzos de integración, que nos conduzcan a todos a construir un polo de poder progresista en esta región que contribuya a hacer del mundo un mejor lugar para tod@s.

Corresponde ahora a las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias colombianas, de las más diversas condiciones, estar a la altura que el momento político exige para construir la alternativa revolucionaria, unitaria, viable y atractiva que las mayorías esperan.